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José Luis Taveras: ¿Se puede fortalecer al Ministerio Público sin tocar la Constitución?

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José Luis Taveras: ¿Se puede fortalecer al Ministerio Público sin tocar la Constitución?

Este departamento, (PEPCA) virtualmente confundido con el de persecución, trabaja entre diez y doce horas diarias y gran parte de los fines de semana.

El pasado año el presidente Abinader convocó a la nación a una reforma constitucional para fortalecer la independencia del Ministerio Público. La oposición política asintió a la propuesta, pero con reservada sospecha. En ese momento no convenía rechazarla por dos razones políticas: primero, el motivo que la animaba era legítimo y, segundo, el presidente Abinader estaba muy bien valorado. 

La mayoría de los partidos acreditó su participación en el Consejo Económico y Social, foro dispuesto por el Ejecutivo para deliberar las bases y alcances de la convocatoria.  Era, sin embargo, muy platónico aceptar esa liberalidad y a la postre aconteció lo previsible: los representantes del PLD, de la FUPU y del PRD se retiraron. 

Ese repliegue fue seguido de una embestida en contra de la reforma, imputándole, como siempre, intenciones espurias. Las circunstancias del presente momento son menos generosas con el presidente Abinader por una situación económica hostil, agravada por la guerra entre Rusia y Ucrania. 

Es obvio que hablarle de reforma constitucional a una sociedad crispada por la inflación y la incertidumbre económica no deja de ser engorroso. 

Sin el voto favorable de la oposición en la asamblea revisora esa propuesta terminará malograda.  Así las cosas, al presidente Abinader le esperan dos opciones: llamar a cumbre a los líderes de la oposición para negociar a ese nivel la reforma, o renunciar a la idea y auspiciar un plan de consolidación del Ministerio Público a través de acciones ejecutivas y leyes adjetivas. Favorezco esta última opción. 

Y es que la falta de una reforma constitucional no debe ser óbice para alcanzar un objetivo igualmente meritorio.  No tengo dudas de que a través de leyes adjetivas se pueden lograr cambios orgánicos en el Ministerio Público. En el estado en que se encuentra ese órgano del Poder Judicial, cualquier mejora es trascendente. Si fuera el presidente, no me desgastaría forzando un pacto político que, aparte de conllevar concesiones a cambio, pueda desnaturalizar el designio de la reforma. Entonces el remedio vendría a ser peor que la enfermedad. En cualquier caso, si no hay un acuerdo bien intencionado, preferiría dejar tranquila a la Constitución.   

El presidente debe estar consciente de que nuestros problemas no son precisamente normativos; son fundamentalmente operativos. ¿Cuántas instituciones, derechos y garantías tienen consagración constitucional sin una práctica consistente que los soporte? Como hemos escrito en otras ocasiones, nuestras insuficiencias no son de instituciones, son de institucionalidad; tampoco de leyes, sino de legalidad.  Si el presidente Abinader quiere fortalecer la autonomía del Ministerio Público, lo podrá hacer a partir de un diagnóstico de su funcionalidad; si logra eficientizarla, habrá hecho la mejor reforma. Prefiero un cambio posible en la práctica a uno ideal en el texto de la Constitución. 

Pero tampoco hay que ser un genio para descubrir dónde se alojan las grandes carencias del Ministerio Público. La primera es el dinero. Una independencia sin autonomía presupuestaria real es un eufemismo; sin recursos suficientes, una quimera. La reforma debe partir de esa premisa. 

El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria otorgada por la Constitución y por la Ley núm. 46-97 del 18 de febrero de 1997, modificada por la Ley núm. 194-04 del 28 de julio de 2004. El presupuesto del Poder Judicial, con el Ministerio Público, es de por lo menos un 4.10 % de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se distribuye así: un 65 % del 4.10 % a la Suprema Corte de Justicia y un 35 % al Ministerio Público. ¿Qué ha pasado en la realidad? Que nunca el Poder Judicial ha recibido ese porcentaje. ¿El problema es legal? No; es operativo. Cumpliendo con la ley, el presidente Abinader y el Congreso fortalecen la institucionalidad y proveen de más recursos al Ministerio Público

Uno de los argumentos de un sector de la oposición para deslegitimar la persecución judicial en contra de la corrupción es que el Ministerio Público está ocupado solo en las investigaciones vinculadas a ese propósito. En parte es así, ya que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), adscrita a la Dirección General de Persecución, nunca tuvo relevancia administrativa porque la corrupción no era un asunto de atención. Apenas tenía seis procuradores adjuntos. En esta gestión suman casi setenta y son insuficientes, mal pagados y con sobrecarga de trabajo. Sus sueldos no llegan a los noventa mil pesos, monto que probablemente cobran los abogados de los acusados por una hora de consulta. No es posible que la directora general de persecución, Yeny Berenice, que debería estar en la coordinación estratégica de la persecución, esté actuando como jefa operativa en las investigaciones de la PEPCA. Con otra estructura operativa tendría un desempeño más óptimo. Este departamento, virtualmente confundido con el de persecución, trabaja entre diez y doce horas diarias y gran parte de los fines de semana. Sin personal y con presupuesto limitado, la independencia seguirá siendo una pretensión fallida.  Eso no lo resuelve una reforma constitucional; está a la distancia de una decisión del Ejecutivo.

Otro aspecto que no precisa de una reforma constitucional es la organización de una Procuraduría Especializada Anticorrupción como agencia para investigar los crímenes y delitos de corrupción administrativa a nivel nacional bajo un estatuto de autonomía funcional y presupuestaria. De hecho, varias instituciones académicas, empresariales y cívicas de Santiago, agrupadas en la Iniciativa Ciudadana Cuentas Claras, presentaron un anteproyecto de ley. En la actualidad la PEPCA, a pesar de tener el rango de “dirección general” por disposición expresa del decreto que la creó, opera como un mero despacho de la Procuraduría bajo el mando del procurador, quien, a su vez, tiene al presidente de la República como su jefe político. En otros términos, es un despacho de tercera categoría adscrito al Departamento de Persecución de la Procuraduría General de la República. Lo que se propone es una Procuraduría Especializada Anticorrupción (PEA) que, aunque encuadre administrativamente dentro del Ministerio Público, tenga la independencia y especialización técnica necesarias para que pueda, entre otras facultades, gestionar su propio presupuesto en las investigaciones sobre corrupción, una infracción compleja que usualmente responde a un sofisticado patrón delictivo. 

La gestión judicial de un proceso de corrupción con los deseados niveles de especialización, rigor y consistencia probatoria no puede abandonarse a la discreción instructiva del procurador a través de sus adjuntos y con los pocos recursos que el Consejo del Ministerio Público asigna para su operación. Debe ser una agencia especializada de investigación con jurisdicción nacional. Para abordar este reto no hay que esperar una reforma constitucional. El Ministerio Público lo que necesita es cuidado. 

Es respetable la posición del presidente de tener el mínimo contacto con la procuradora. Creo que esa decisión se justifica en materia de persecución judicial, no así en políticas criminales y una de ellas es el fortalecimiento del Ministerio Público. La distancia no supone abandono. Y, como decía Machado, el “verdadero afecto se acrisola en la distancia porque la cercanía casi siempre desgasta”. Es tiempo de acrisolar ese aprecio, aun en la distancia, prestando la atención que hoy precisa un Ministerio Público comprometido.  No hay que reformar la Constitución para hacer. Primero es lo primero. 

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FUENTE: https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/2022/03/16/una-reforma-constitucional-fortaleceria-ministerio-publico/1711734

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