Republica Dominicana Informe Preliminar Elecciones Generales 5 de julio… Segunda parte.

Continuando con el informe de la OEA; A partir de un análisis detallado de la legislación vigente, de los datos recopilados por especialistas y observadores de la MOE/OEA, así como de la información recibida por parte de distintos actores institucionales, políticos y sociales, la Misión presenta a continuación sus hallazgos y recomendaciones preliminares.

I. Organización electoral

Este es el cuarto proceso electoral que organiza la JCE desde octubre de 2019, lo que se  traduce en una valiosa experiencia acumulada por parte de los funcionarios de la JCE y de las Juntas Electorales Municipales (JEM). A pesar de ello, la Misión nuevamente observó la falta de estandarización y 7 seguimiento de los procesos en los niveles municipales, los cuales cumplen labores fundamentales, incluyendo la selección y preparación de los miembros de los colegios electorales, el montaje de la infraestructura electoral en los recintos, y la distribución y repliegue del material electoral. La MOE/OEA observó positivamente la labor de los facilitadores electorales y de los auxiliares, que orientaron a los miembros de los colegios electorales tanto sobre aspectos del proceso electoral como sobre las medidas sanitarias.
Cinco días antes de las elecciones, la Misión constató que la JCE había finalizado la elaboración de los kits electorales y había completado el 100% de la distribución a las JEM. El equipo de la OEA pudo observar la apertura con que la Dirección de Elecciones de la JCE informó a los representantes de los partidos políticos, a la comisión de seguimiento y a los observadores internacionales acerca de todas sus acciones.
La Misión reconoce la labor de los funcionarios de la Dirección Electoral en las operaciones logísticas. No obstante, también pudo constatar que la infraestructura prevista para la preparación de los materiales no garantizaba las recomendaciones sanitarias preventivas.
El 29 de junio se reportó el robo de dinero destinado a la logística de las elecciones en la junta electoral de la Provincia de Santiago. A pesar de los cuestionamientos relacionados con este episodio, la JCE actúo de forma oportuna para reponer el dinero, y cumplir con los compromisos financieros, lo cual permitió celebrar las elecciones con normalidad. Cabe también anotar que el dinero fue encontrado la noche anterior a la votación y varias personas han sido detenidas en relación con el suceso.
En materia de capacitaciones, la Misión comprende que acontecimientos no previstos como la realización de elecciones extraordinarias municipales y el advenimiento de la pandemia dificultaron las tareas contempladas en el plan de educación electoral. A pesar de los esfuerzos realizados por la JCE para capacitar a los miembros de los colegios electorales, la Misión constató que el día de la elección muchos de ellos tuvieron dificultades para ejercer sus funciones, especialmente en el momento del cierre de mesas. En particular se observó confusión en el conteo de alianzas, el cómputo del voto preferencial y la elaboración de relaciones de votación (actas).
También se observó un muy bajo nivel de capacitación en los delegados de los partidos políticos. La Misión fue informada de que las circunstancias impuestas por la emergencia sanitaria dificultaron la tarea de formación a organizaciones políticas. Esto pone en evidencia el valor de que la JCE disponga de mejor diseño y producción de contenidos que puedan ser útiles para la educación electoral a distancia. Las herramientas de apoyo a la capacitación deberían incluir diferentes modalidades, tales como material audiovisual y una plataforma virtual que permita ampliar las estrategias de formación, así como incluir a dependencias en el extranjero.
En lo que respecta al voto en el exterior, la Misión recibió quejas de parte de varios partidos políticos y personas residentes en el extranjero respecto a la conformación del padrón. La mayoría de los planteos correspondían a ciudadanos que habían ejercido el voto en anteriores elecciones y no estaban habilitados en esta ocasión. Cabe recordar que en las elecciones del año 2016, la JCE autorizó el ejercicio del sufragio a los electores que se presentaran ante los colegios electorales en el exterior, incluso si no figuraban en 8 la lista de electores de ese colegio. Esa posibilidad fue eliminada por el actual pleno de la JCE, en cumplimiento de la nueva Ley 15-19, que estipula la inscripción voluntaria en el registro de electores residentes en el exterior como condición para ejercer el sufragio en el extranjero.

Visto lo anterior, la Misión recomienda:
○ Mejorar la infraestructura para generar líneas de producción de kits electorales en espacios más amplios y con mejores medidas de seguridad sanitaria, como la demarcación de espacios de circulación.
○ Estandarizar los procedimientos implementados en las distintas fases del proceso electoral. Esto incluye la armonización de procedimientos en el nivel nacional y municipal.
○ Fomentar un sistema de evaluación interna para detectar oportunidades de mejora en distintos aspectos del proceso electoral, como por ejemplo: a) la interrelación entre dependencias de la propia JCE para dar seguimiento al proceso electoral, b) el diseño de boletas electorales con distintos colores para diferenciar el nivel de elección, c) la organización del proceso de escrutinio para facilitar la tarea de los miembros de los colegios electorales, entre otros.
○ Reglamentar la figura de los facilitadores electorales y los auxiliares y fortalecer su formación, a fin de optimizar las respuestas de la autoridad electoral en el recinto de votación. Es crucial asegurar su selección conforme a la idoneidad y no la afiliación partidaria.
○ Mejorar la capacitación de los miembros de las mesas, especialmente en la manera de registrar el voto preferencial.
○ Trabajar en un modelo integrado de capacitación que incluya a los partidos políticos a fin de disminuir los desacuerdos el día de la votación.
○ Diversificar las modalidades de apoyo a la capacitación que incluyan materiales audiovisuales, plataformas virtuales y otras estrategias de formación.
○ Mejorar las estrategias de formación para implementar el voto en el extranjero, así como las figuras de facilitadores electorales en el exterior.

https://jce.gob.do/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=5200&Command=Core_Download&lang
uage=es-ES&PortalId=1&TabId=190

9 II. Tecnología electoral

La Misión viene apoyando desde hace muchos meses a la JCE en el uso de tecnología para las elecciones.
En esta oportunidad, la MOE/OEA pudo constatar una insuficiente implementación de las
recomendaciones realizadas en materia de tecnología electoral luego de las elecciones municipales. Esto pudo obedecer en parte a la reorganización interna del personal de informática de la JCE y a la modalidad de trabajo a distancia adoptada por causa de la pandemia.
El sistema de transmisión de resultados electorales incluyó el envío de imágenes de las actas desde más de 5.300 escáneres, así como el cómputo y publicación de resultados electorales. En general, y como ha venido indicando la OEA desde febrero, las pruebas de funcionalidad del sistema de transmisión de resultados, cómputo y divulgación apenas consideran un número reducido de los componentes informáticos que comprende las soluciones tecnológicas implementadas. Por ello, no constituyen pruebas de estrés que permitan recrear las condiciones del sistema de forma integral, reproduciendo al máximo
las condiciones que se pueden esperar el día de la elección.
La MOE/OEA reitera que, al tratarse de un proceso informático, la concepción, diseño, elaboración, producción e implementación del sistema deben acompañarse de rigurosos controles que garanticen, entre otros aspectos, la integridad, confidencialidad y disponibilidad de todos los recursos informáticos utilizados.
La Misión comprobó, una vez más, que la JCE no cuenta con un proceso formal de desarrollo de software.
Si bien el personal que desarrolla las herramientas es calificado, no existe un procedimiento o documentación formal que aborde el desarrollo, control de testing y liberación del software. Asimismo, se reitera la falta de manuales técnicos.
Una vez más, se observó la ausencia de un plan formal para la puesta en cero de la base de datos, lo que presenta el riesgo de que se produzca una conducta inesperada en las operaciones del sistema.
En lo que atañe a la publicación de resultados, la Misión reconoce los esfuerzos de la JCE en la implementación de un nuevo esquema de diseño y presentación de los resultados electorales, que permitiera al público visualizar el flujo de datos en las demarcaciones nacionales y en el exterior.
El día de la elección, alrededor de las 08:30 pm el sitio web dispuesto para la divulgación a la ciudadanía comenzó a mostrar los primeros resultados electorales. En torno a las 09:30 pm el sitio presentó inconvenientes para mostrar los datos, al punto de emitir un mensaje de error. LA MOE/OEA acudió a los técnicos de informática de la JCE para advertir dicha situación, quienes indicaron que la página estaba siendo afectada por una serie de ataques, comúnmente conocidos como de denegación de servicios (DDos), cuyo fin es impedir el acceso a la consulta de datos.
La infraestructura tecnológica de la JCE dispone de un conjunto de medidas para la mitigación de ataques cibernéticos. Dichas medidas y acciones directas por parte de los técnicos permitieron normalizar la situación al cabo de 2 horas y 30 minutos, cuando se restableció el funcionamiento estable de la página.

10 La Misión pudo observar que el envío y transmisión de relaciones de votación (actas) desde los centros de votación, así como también el proceso de digitación dispuesto en las JME y en la JCE, no se vieron afectados por el incidente de seguridad sufrido por el sitio web de divulgación al público, y que en todo momento se mantuvo la divulgación de resultados a los partidos políticos y a la prensa, a través de la infraestructura de red interna de la JCE. También se mantuvo la difusión de resultados en la modalidad de streaming en redes sociales y en la página de la JCE, sin que dicha transmisión se viera afectada por el
incidente de seguridad. Sin embargo, durante el incidente de seguridad se pudo advertir la ausencia de un mecanismo formal de gestión de incidentes.
Por lo anterior, la MOE/OEA recomienda:
○ Disponer de un cronograma de trabajo del área informática de la JCE que incluya la totalidad de las actividades técnicas y tecnológicas (tales como pruebas, simulacros y cierre de cada uno de los módulos de software), y se acople al de la Dirección de Elecciones.
○ Implementar un sistema de gestión de incidentes, que permita de manera eficiente atender ataques y toda clase de incidentes que pudieran poner en riesgo el proceso.
○ Formalizar la estructura de desarrolladores y estandarizar la modalidad de desarrollo, a fin de garantizar la continuidad del proyecto ante eventualidades.
○ Implementar un mecanismo formal de versionado de software.
○ Implementar un mecanismo formal de documentación de adecuaciones, modificaciones y
correcciones (change management) que se integre al mecanismo de versionado de software.
○ Implementar un mecanismo formal de pruebas de código fuente (testing de caja blanca) y de funcionalidad de software.
○ Implementar un mecanismo de congelamiento de software, previo a su puesta en producción, clonado y/o inseminación.
○ Implementar un mecanismo de control de calidad y funcionamiento sobre el 100% de los
componentes que integran la maleta tecnológica.
○ Implementar un sistema de inventario de los componentes que conforman la maleta tecnológica, cuya identificación por diversos factores permita conocer en cuál maleta se encuentran y de ese modo identificar los componentes que tuvieran falla.
○ Llevar a cabo al menos un simulacro del 100% de las funcionalidades dispuestas para las próximas elecciones, con todas las JEM y al menos el 80% de los recintos, con una carga de trabajo del 100% de los colegios electorales. Esta acción debe ser realizada al menos 15 días previos a las elecciones, con la finalidad de poder llevar a cabo las adecuaciones que correspondan.

11

○ La página prevista por la JCE para divulgación de resultados, al igual que el ecosistema tecnológico que se emplee, deben formar parte de los simulacros, a fin de poner a prueba las barreras de seguridad y mitigación ante ataques.
○ En el caso de disponer de paneles de consultas para la divulgación de resultados, también deben formar parte de los simulacros.
○ Formalizar el procedimiento de puesta en cero de las bases de datos y backup de las mismas, antes y al finalizar el proceso electoral.

III. Participación política de las mujeres
La MOE/OEA nuevamente reconoce como un avance la adopción del rango de equidad de un piso de 40% y un techo de 60% de candidaturas del mismo género en la reciente reforma electoral. No obstante, es necesario insistir en que la adopción de legislación no es suficiente para alcanzar la equidad efectiva en la participación política de hombres y mujeres. La falta de avances efectivos obedece a distintos factores, entre ellos la Misión ha identificado una falta de compromiso tanto en las organizaciones políticas como en las autoridades institucionales de hacer cumplir no solo el texto, sino también el espíritu de las normas que buscan la participación equitativa de las mujeres en la contienda electoral.
En estas elecciones presidenciales y congresuales, ninguna mujer fue candidata a la presidencia. Ocuparon la mitad de las candidaturas vicepresidenciales y apenas el 12,5% de las candidaturas al Senado. En las propuestas plurinominales, la MOE/OEA pudo verificar que en algunos casos la JCE admitió listas de candidaturas que no cumplían con el rango de equidad para la demarcación respectiva, en contravención a lo dispuesto por Sentencia 0030-04-2019-SSEN-00506 del Tribunal Superior Administrativo. No fue sino hasta el 30 de mayo que la JCE se pronunció sobre la obligatoriedad de adecuar las listas de candidatura
a la cuota legal de género, más de dos meses después de que se abriera el plazo para la inscripción de candidaturas 13 . Lo anterior colocó a las candidatas en un estado de incertidumbre que lesionó su capacidad de hacer campaña, procurar financiamiento para sus candidaturas y en general planificar su participación en el proceso.
La mayoría de las personas con que se entrevistó la Misión, sistemáticamente entendía la legislación como un mandato para que las candidaturas de las mujeres alcanzaran el 40% y no como un rango de participación en que las mujeres pueden integrar hasta el 60% de las listas plurinominales, como en efecto indica la norma. Esa interpretación minimalista se repite en la lectura de otras disposiciones, como fue el caso de la contención en torno a si la cuota debía aplicarse en cada demarcación electoral o en la 13 Acta No. 040-20 del 30 de mayo de 2020.

https://jce.gob.do/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=18296&Command=Core_Download&lan
guage=es-ES&PortalId=1&TabId=190

12

propuesta nacional, un proceso en que fueron los propios partidos políticos los que litigaron para conseguir la interpretación menos garantista de la participación equitativa de las mujeres.

La MOE/OEA también fue informada sobre situaciones de amenaza y presión directa a candidatas, a fin de que abandonaran sus postulaciones o se ajustaran a la voluntad de las dirigencias partidarias.
Asimismo, documentó la prevalencia en los medios de comunicación de tipificaciones y cosificaciones a candidatas, así como giros discursivos machistas que en definitiva menoscaban la participación política de las mujeres por su sola condición de ser mujeres. El desplazamiento o impugnación de las candidatas en las listas partidarias, el denostar a las figuras políticas femeninas con comentarios superfluos vinculados a características físicas o de sus vestimentas, evidencian distintas maneras de ejercer violencia política hacia las mujeres.
Al margen de los desafíos, la Misión reitera su reconocimiento a iniciativas impulsadas por organismos internacionales y entidades públicas y privadas tendientes a visibilizar la participación de la mujer en la política, como #ConoceatuCandidata. También desea destacar la labor de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a defender y capacitar en cuestiones jurídicas a las candidatas.
En aras de avanzar hacia la equidad en la participación política de las mujeres en República Dominicana, la Misión recomienda:

○ Impulsar el control estricto del cumplimiento de toda la legislación que busca la participación equitativa de las mujeres en la política. Las listas que no cumplen con la cuota de género deben ser rechazadas en tanto no se subsane su incumplimiento.
○ Que la JCE y demás autoridades del proceso electoral publiquen la información relativa a
candidaturas y diferentes roles electorales en forma claramente desagregada por género, tal y como anteriormente ha recomendado la OEA.
○ Que las autoridades administrativas y judiciales publiquen en una sección especial toda la
información vinculada a normativa y jurisprudencia con relación a cuestiones electorales de
género.
○ Considerar adoptar medidas adicionales como el encabezamiento de candidaturas de mujeres en cargos uninominales y la incorporación obligatoria de género en los binomios presidenciales.

14 Como indicó la MOE/OEA en el mes de marzo, el avance alcanzado con la elevación de la cuota se vio minado por un largo proceso de judicialización e incertidumbre derivado de la interpretación de la legislación, con pronunciamientos por parte de la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior
Administrativo. Esta situación perjudicó desproporcionadamente a las candidatas mujeres, que no obtuvieron certeza sobre su estatus sino hasta avanzada la contienda.

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○ Considerar una ley que disponga la asignación específica de los recursos financieros de los partidos políticos para ser destinados exclusivamente a la promoción de liderazgos y candidaturas de mujeres.
○ En virtud de renovar el compromiso de la República Dominicana con la Convención de Belém do Pará, discutir la adopción de una Ley contra la violencia política hacia las mujeres. Asimismo, designar autoridades con capacidad persecutoria y sancionatoria en la materia.
○ Fortalecer y promover los programas de capacitación con perspectiva de género tanto para los actores institucionales como para las organizaciones políticas. En particular se debe mejorar la capacitación de líderes partidarios y miembros de las juntas electorales locales, dado que allí se presenta la mayor resistencia para que las mujeres candidatas puedan ejercer sus derechos políticos en forma plena.

IV. Financiamiento político
Así como lo expresó tras las elecciones municipales, la OEA celebra que el nuevo marco normativo contenga numerosas disposiciones que fortalecen el sistema de financiamiento político-electoral del país.
Aunque existen oportunidades de mejora en la legislación, el principal desafío en materia de financiamiento político radica en la efectiva implementación y cumplimiento de las normas. Una vez más, la Misión observó que no existe verdadero control ni fiscalización a las finanzas de las organizaciones políticas ni de las candidaturas, a pesar de lo que ordena la ley y frente a una campaña electoral en que se invirtieron grandes sumas de dinero. La campaña, además, dio inicio mucho antes de la proclama oficial, como ya había indicado la MOE/OEA en el mes de marzo.
Uno de los rasgos más notorios de este proceso electoral fue la masiva distribución de dádivas y asistencias a la población por parte de distintas agrupaciones y actores políticos. La JCE indicó que los montos destinados a “ayuda humanitaria” debían ser considerados dentro de los topes de gasto de campaña, de forma que los candidatos principales lo incluyeron en su informe de ingresos y egresos. A la luz de la legislación vigente, la entrega de alimentos, medicinas, combustible y materiales de construcción, la provisión de facilidades de atención médica y hasta la realización de vuelos de repatriación no se encuentran enumerados en los gastos permitidos y más bien podrían catalogarse
dentro de los comportamientos expresamente prohibidos. La falta de acción de las autoridades en esta materia, al igual que frente a múltiples denuncias de uso de recursos públicos con fines electorales, refuerzan la necesidad de otorgar a la persecución penal electoral mayores herramientas para hacer valer el catálogo de prohibiciones que contempla la legislación.

https://jce.gob.do/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=17643&Command=Core_Download&lan
guage=es-ES&PortalId=1&TabId=190

 

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