Republica Dominicana Informe Preliminar Elecciones Generales 5 de julio… Tercera parte.

Continuamos con el final del informe de la OEA;

La MOE/OEA destaca la iniciativa de la JCE de crear una plataforma informática para facilitar la recepción de los informes financieros de las agrupaciones y actores políticos. Sin embargo, pudo comprobar que, a la fecha de publicación de este informe, solo 24 de las 35 organizaciones políticas con personalidad jurídica entregaron sus presupuestos generales para el año 2020.
Por su parte, solo cinco de los seis candidatos presidenciales presentaron sus informes de ingresos y egresos. Vale mencionar que estos no cumplen con los formatos establecidos y se encuentran incompletos, faltando en la gran mayoría de casos el listado de contribuyentes. Sumado a lo anterior, no se publicó información financiera de las candidaturas congresuales, con excepción de una a senador. Todo lo anterior dificulta el ejercicio de un voto informado por parte de la ciudadanía y hace imposible el control institucional y social del financiamiento.
En lo que atañe a la contribución estatal a las organizaciones políticas, la Misión notó que la actual ley de régimen electoral no precisa el procedimiento mediante el cual se computa la partida presupuestaria asignada a los partidos, a diferencia de lo establecido en la normativa anterior 18 . Esto genera imprevisibilidad y podría dar cabida a una eventual discrecionalidad al momento de asignar recursos. La Misión también reitera que el mecanismo de distribución de financiamiento público directo beneficia de manera desproporcionada a los partidos mayoritarios y acentúa la inequidad en la contienda, otorgando en esta ocasión el 80% del aporte estatal a cuatro de 26 organizaciones políticas que calificaron para recibir fondos públicos.
La ausencia de reglas para la distribución de los recursos estatales a lo interno de las organizaciones políticas (entre las distintas candidaturas y niveles de elección), se traduce en la práctica en una inyección prioritaria de recursos a la campaña presidencial, con lo que muchas candidaturas congresuales deben financiarse en gran medida o en su totalidad con contribuciones privadas. Esto genera una ventaja electoral para aquellos candidatos con mayor acceso a financiamiento privado y aumenta el riesgo de corrupción, tráfico de influencias y penetración de fondos provenientes de actividades ilícitas. Contrario a una tendencia regional reciente, la Misión también subraya que no existe financiamiento dirigido a promover candidaturas de mujeres.
En este proceso electoral, continuó el litigio en torno al criterio para determinar la colocación de los partidos en la boleta, que ya había conocido la MOE/OEA en febrero (ver sección de Justicia Electoral).
Una sucesión de decisiones administrativas y judiciales ocasionó que algunos partidos cambiaran su lugar en la boleta varias veces entre diciembre de 2019 y mayo de 2020. Además de la situación de incertidumbre jurídica que esto manifiesta, los múltiples pronunciamientos tuvieron efectos en el financiamiento al que accedieron las fuerzas políticas y lesionaron sus intereses en campaña, al invertir recursos en publicitar un número en la boleta que posteriormente fue modificado en el curso de la campaña, como ya había ocurrido en las elecciones municipales. La emisión de la sentencia 0030-03-2020-
SSEN-00090 por parte del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ocasionó que el aporte estatal de emergencia de RD$1.000 millones adicionales entregado a finales de junio a los partidos políticos, fuese distribuido de manera distinta a la contribución anual aprobada en enero.
Por último, la MOE/OEA saluda la adopción de normativa orientada a asegurar una mayor equidad en el acceso a los medios de comunicación, que sin embargo aún no se aplica a plenitud. La JCE promulgó el reglamento que normó el acceso a medios estatales el 19 de junio, cuando restaban menos de dos semanas para el fin de la campaña19. Asimismo, comprobó que no se realiza un monitoreo de medios públicos y privados que permita cotejar los gastos reportados con la pauta observada.

La Misión recomienda:
○ Fortalecer la capacidad de la Unidad Especializada de Control Financiero de la JCE, dotarla de recursos económicos, capital humano y respaldo institucional suficientes para cumplir el rol que la ley le manda.

○ Institucionalizar una relación de cooperación con la Cámara de Cuentas, con el propósito de obtener la capacitación necesaria para recibir y revisar de manera efectiva los informes de ingresos y egresos de las organizaciones políticas, elevando las destrezas para detectar y sancionar el incumplimiento a las normas.

○ Construir, sobre la recién inaugurada plataforma informática, un software que le facilite a las organizaciones políticas y candidatos la elaboración de sus presupuestos e informes de ingresos y gastos de campañas electorales, en base a formatos preestablecidos. Sumado a esto, evaluar abrir esta herramienta informática a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer el acceso a la información y facilitar la fiscalización ciudadana.

○ Garantizar el cumplimiento de las normas de financiamiento político-electoral, tales como la adhesión a plazos, la obligación de publicar listado de contribuyentes y de entregar respaldos contables de las operaciones financieras.

○ Emitir los reglamentos establecidos en la ley, en tiempo y forma, tales como el reglamento de propaganda política y publicidad, el reglamento de contribuyentes, y el reglamento sobre los medios de comunicación.

○ Establecer en la ley el procedimiento mediante el cual se computa la partida presupuestaria anual asignada a los partidos políticos.

○ Garantizar una distribución más equitativa de la contribución económica estatal entre las
organizaciones políticas, tanto entre partidos mayoritarios y minoritarios, como entre candidaturas presidenciales, congresuales y municipales, y entre hombres y mujeres.

○ Hacer cumplir el inicio y término de la campaña electoral, utilizando el régimen de consecuencias establecido en la legislación vigente.
○ Considerar la entrega de “ayuda humanitaria” por parte de los candidatos como una situación excepcional dada la emergencia sanitaria, y evitar que se transforme en un precedente para procesos eleccionarios futuros.
○ Implementar un sistema de monitoreo de cuñas publicitarias en medios públicos y privados, con capacidad de documentar las tarifas aplicadas para hacer cumplir las disposiciones legales en la materia.

V. Justicia electoral
El más reciente desarrollo en materia de justicia electoral fue el nombramiento de la nueva procuradora especializada para la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales, designada de forma interina a las puertas de las elecciones municipales extraordinarias. La Misión celebró dicho nombramiento y recomendó que se fortalecieran sus labores, en su informe preliminar de las elecciones municipales.
Todos los actores entrevistados, incluida la propia fiscal electoral, señalaron que la nueva procuraduría carece de los medios materiales, logísticos y de independencia organizacional para llevar adelante sus funciones. Únicamente dos casos de compra de votos en las elecciones municipales extraordinarias culminaron recientemente en sanción penal.
La Misión nuevamente recibió de parte de todas las fuerzas políticas un reclamo en torno al silencio de la JCE ante denuncias y petitorias planteadas durante el proceso. Independientemente del sentido en que se pronuncie un órgano administrativo electoral, es fundamental que responda a las inquietudes que se le plantean.
Esta MOE/OEA reitera que existe en el sistema electoral dominicano una fragmentación de competencias jurisdiccionales que genera incertidumbre jurídica, afecta la especialización y la unificación de criterios en la jurisprudencia electoral, genera confusión en los actores políticos y dificulta garantizar una justicia oportuna.
La Constitución le otorga al Tribunal Superior Electoral (TSE) el carácter de máxima autoridad en materia contenciosa electoral. No obstante, en épocas recientes esa autoridad se ha visto disminuida por interpretaciones restrictivas del Tribunal Constitucional, que en repetidas ocasiones ha apoderado al TSA para revisar los actos de la JCE, alegando que revisten naturaleza administrativa. La Misión considera que los actos de la JCE inciden de forma directa en el proceso electoral, lo que debería consignarlos a la justicia especializada, que es propia tanto en contenido como en plazos y formas.
Los problemas generados por esta fragmentación fueron evidentes en el litigio en torno a la ubicación de los partidos políticos en la boleta. En cuestión de unos meses, el criterio para determinar la ubicación varió en distintas ocasiones y llevó a la atípica situación de que algunos partidos figuraran en distintas posiciones en las elecciones municipales y generales.

La MOE/OEA recomienda:
○ Reformar el diseño normativo y organizacional de la procuraduría especializada. Su designación, permanencia en el cargo y ejercicio de funciones deben revestir independencia frente al poder político, así como autonomía y suficiencia presupuestaria.

○ Dotar de mayores recursos financieros y humanos y establecer la competencia única del TSE para conocer los conflictos que atañen al proceso electoral, como ha venido señalando la OEA en sus informes. A la justicia especializada electoral deben competer cuestiones como las demandas interpuestas contra las fusiones, alianzas o coaliciones pactadas por los partidos políticos; las demandas en nulidad contra las resoluciones dictadas por la JCE referidas a la organización y administración del proceso electoral, así como contra medidas cautelares o sanciones administrativas dictadas por la JCE; los conflictos surgidos a raíz de las vacantes que se produzcan en cargos públicos electos con el voto popular, entre otros. Más allá del reconocimiento de estas atribuciones, es fundamental que la legislación detalle con precisión las potestades y competencias específicas de cada uno de los órganos que intervienen en la justicia electoral, así como los procedimientos, plazos e instrumentos previstos.

○ Integrar la normativa de forma que se establezca de manera clara el catálogo de conductas prohibidas, distinguiendo entre faltas administrativas y delitos electorales, sanciones para cada conducta, instancias competentes para aplicarlas y la especificación de cuáles se deberán investigar de oficio y cuáles a petición de parte afectada.

○ Proveer al sistema de persecución y sanción de los crímenes electorales de todas las garantías propias de la justicia penal, incluyendo el derecho a la doble instancia. Asimismo, revisar el marco penal electoral para asegurar una adecuada proporcionalidad entre las conductas y las penas, considerando que las conductas de mayor lesividad e incidencia sean debidamente sancionadas.

○ Valorar la introducción en el marco constitucional y legal del derecho fundamental de petición ante la Administración Pública, de forma que se mandate a toda las instancias gubernamentales y empleados públicos a dar respuesta en tiempo razonable a las solicitudes que se les dirija.

○ Poner a disposición de las partes y de la ciudadanía información actualizada del estatus en que se encuentran las denuncias, demandas y petitorias presentadas ante las autoridades administrativas y judiciales, de forma que se pueda corroborar el avance de las diligencias en el cauce institucional.

○ Asegurar que el cronograma electoral contemple los tiempos y plazos para cada etapa e instancia electoral, incluyendo el derecho de impugnación, de forma que no ocurran controversias que generen incertidumbre en fechas cercanas a la elección.

○ De igual manera, considerar introducir en la normativa electoral el principio de preclusión
procesal para impugnar cada una de las instancias del proceso electoral, a fin de que las etapas controviertan oportunamente dentro de plazos fijos, y con ello garantizar que no ocurran litigios que puedan alterar el desarrollo de las elecciones en fechas cercanas al día de votación.

○ Para brindar certeza jurídica, crear un sistema de información legislativa actualizada, en donde se identifiquen claramente todos los artículos que han sido declarados inconstitucionales en la normativa electoral.

Agradecimientos
La MOE/OEA agradece a la Junta Central Electoral el acceso a las diversas instancias y actividades de preparación de los comicios. Hace extensivo este agradecimiento al Tribunal Superior Electoral por la información y colaboración proporcionada. La MOE reconoce también a las diversas instituciones del Estado, autoridades de gobierno, partidos políticos, actores sociales, académicos y empresariales, así como a la fuerza pública, cuya colaboración fue fundamental para las actividades de la Misión.
Por último, agradece las contribuciones financieras de Alemania, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, México, Países Bajos y Panamá que hicieron posible las tres misiones que la OEA desplegó en el país.

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